Apag Extremadura Asaja denuncia con rotundidad que las recientes políticas adoptadas por la Comisión Europea son una nueva demostración del abandono sistemático al que se somete a los agricultores y ganaderos por parte de Europa y de nuestros propios representantes políticos.
En las últimas semanas hemos
asistido a decisiones incomprensibles que suponen un grave perjuicio para el
presente y el futuro del campo extremeño. Una de ellas ha sido la imposición
de nuevos aranceles a los fertilizantes procedentes de Rusia y Bielorrusia, lo que provocará un
encarecimiento directo de los costes de producción, dificultando aún más la viabilidad de
las explotaciones agrarias, especialmente en un momento de inestabilidad
económica y crisis de precios.
A ello se suma el desplome
de los precios de los cereales,
una situación insostenible que está llevando al límite a muchos productores extremeños,
al ver cómo semana tras semana bajan los precios en lonja. Pero lo más grave ha
sido el último episodio vivido con el sector arrocero, que ha desatado la indignación entre
los agricultores.
El pasado domingo 18 de mayo,
el buque ‘Riva’, con bandera portuguesa, desembarcó
6.000 toneladas de arroz en el puerto de Valencia procedentes de Birmania. El cargamento tenía como destino final
la empresa Herba Ricemill, filial del grupo Ebro Foods, compañía de la cual el Gobierno
de España posee el 10% del accionariado a través de la SEPI (Sociedad Estatal
de Participaciones Industriales).
Este hecho no solo es incoherente, sino profundamente lesivo para los arroceros
de nuestro país, ya que se promueve la entrada de arroz extranjero de
baja trazabilidad sanitaria y condiciones dudosas, en detrimento del producto nacional.
La última decisión tomada por
el Parlamento Europeo
agrava aún más una situación ya crítica. Este martes, la Eurocámara ha
aprobado, con 411 votos a favor, 100 en contra y 78
abstenciones, una
legislación que impone aranceles de hasta el 100 % a los fertilizantes
nitrogenados procedentes de Rusia y Bielorrusia. Esta medida, que entrará en vigor el
próximo 1 de julio
y se aplicará de forma progresiva durante tres años, ha sido adoptada sin una
evaluación seria del impacto que tendrá sobre los agricultores europeos, lo cual resulta profundamente
irresponsable.
Desde Apag Extremadura Asaja rechazamos
firmemente esta
decisión, que supondrá un encarecimiento drástico de los costes de
producción para
miles de agricultores, poniendo en peligro su rentabilidad y, por extensión, la
seguridad alimentaria
de Europa.
Resulta especialmente
indignante que todos los eurodiputados españoles del PP y del
PSOE (a excepción
de Elena Sancho Murillo)
hayan votado a favor
de esta propuesta, demostrando una desconexión total con las
necesidades reales del sector primario. Por su parte, los eurodiputados de VOX han votado en contra, salvo Jorge
Buxadé, que no ha
emitido voto. También han votado en contra Alvise
Pérez (SALI) y Estrella
Galán (Sumar),
mientras que se han abstenido Irene Montero (Podemos), Nora Junco y Diego
Solier (SALI).
Más grave aún es que estas
prácticas se realicen bajo marcas que el consumidor asocia como
nacionales,
generando un grave engaño y poniendo en peligro la
soberanía alimentaria.
Desde APAG
Extremadura Asaja
advertimos que, si no se produce un giro radical y urgente en la política agraria
y comercial europea,
no descartamos nuevas movilizaciones contundentes, como ya hicimos con nuestras protestas
en Bruselas. Y esta vez, serán movilizaciones más amplias, no solo desde
Extremadura, sino desde todo el sector primario europeo, que comparte
nuestro hartazgo e indignación.
La situación es intolerable
y vergonzosa. Es
momento de que los responsables políticos escuchen al campo y actúen en
consecuencia, defendiendo a quienes realmente alimentan a Europa.